ELIN y otras organizaciones sociales logran la paralización cautelarísima de la deportación de nueve menores a Marruecos. Se trata, afirman, de “actuaciones del Gobierno que incumplen la normativa española e internacional, vulneran sistemáticamente los derechos de la infancia en situación de mayor vulnerabilidad, abocándoles al más absoluto desamparo y exclusión social, e incluso a terminar desapareciendo”.
La Asociación ELIN, impulsada por Vedruna en Ceuta, es una de las organizaciones que ha logrado la paralización cautelarísima de la repatriación de nueve menores a Marruecos, junto a otras entidades con presencia en el terreno como Andalucía Acoge, Coordinadora de Barrios, Fundación Raíces, Gentium, Maakum o No Name Kitchen.
El domingo 15 de agosto solicitaron la paralización cautelarísima de la deportación de ocho menores, junto a una petición de habeas corpus, pero esas chicas y chicos habían sido ya para entonces deportados, por lo que las peticiones fueron deestimadas por los juzgados de Ceuta por “carencia sobrevenida de objeto”.
El 16 de agosto, informan las organizaciones en una nota de prensa, presentaron una nueva solicitud con el objetivo de paralizar las repatriaciones sin garantías de 12 de los 30 niños y niñas previstas para el 16 y el 17 de agosto, ya que solo 12 habían podido acogerse a su derecho de contar con defensa letrada, un servicio que les prestan la Coordinadora de Barrios y la Fundación Raíces.
De esos nueve menores, tres habían sido ya repatriados, pero el juzgado accedió a suspender cautelarmente todas las actuaciones dirigidas a la repatriación de los nueve restantes. El Ministerio Fiscal, parte en este tipo de procedimientos y encargado de velar por el respeto de los Derechos de la infancia, no se ha opuesto a la adopción de la medida.
La resolución –según la información difundida por las ONG– considera acreditada la falta de garantías de las actuaciones llevadas a cabo por la Delegación de Gobierno y la Policía de Ceuta, ya que “ni se ha incoado expediente administrativo, ni se ha dictado resolución alguna en relación a la repatriación de los menores”; y que tampoco se ha seguido lo previsto en el Acuerdo suscrito entre España y Marruecos sobre Cooperación en el Ámbito de la Prevención de la Emigración Ilegal de Menores No Acompañados, Su Protección y Su Retorno concertado, del 6 de marzo de 2007, que en su artículo 5 sobre el retorno de los menores no acompañados al Reino de Marruecos, indica que cualquier actuación sobre este asunto se realizará “en observancia estricta de la legislación española”. Y por ello, constaba que se ha vulnerado lo previsto en la normativa de extranjería, pues “nada de lo ordenado en la referido R.D se ha cumplido. Ni se ha tramitado, cumpliendo con los referidos trámites de obligado cumplimiento el procedimiento administrativo, ni consta resolución expresa sobre dicha cuestión respecto a cada no de los menores exigible en nuestra legislación. Omisión que ha impedido a la totalidad de los interesados conocer los fundamentos que justifican la decisión de facto adoptada”.
El auto, como ya ocurrió en 2008 con las Sentencias del Tribunal Constitucional, también a instancias de organizaciones sociales, constata que el Gobierno español está vulnerando derechos fundamentales de los menores extranjeros no acompañados al someterlos a repatriaciones sin garantías. En concreto, les priva de su derecho a ser oídos y a la tutela judicial efectiva, ignorando la obligatoriedad de asumir el interés superior del menor como principio rector de cualquier medida que se adopte que afecte a la vida de los niños y niñas.
Las ONG afirman que, desde el 13 de agosto, el gobierno ha repatriado de manera ilegal a entre 45 y 60 niños a Marruecos sin las debidas garantías ni valorar siquiera sus circunstancias de especial vulnerabilidad, y recuerdan que la Administración debe garantizar la asistencia letrada a todos los niños y niñas afectadas. Mientras no se den las garantías preceptivas, demandan la inmediata paralización de todas las repatriaciones de menores, hasta que se garanticen todas las garantías.
“Tal y como ya ocurrió en 2008 –concluye la nota–, son las organizaciones sociales las que una vez más actúan en defensa de los derechos de la infancia y logran paralizar, a través de la vía judicial, las actuaciones del Gobierno que incumplen la normativa española e internacional, vulneran sistemáticamente los derechos de la infancia en situación de mayor vulnerabilidad, abocándoles al más absoluto desamparo y exclusión social, e incluso a terminar desapareciendo”.