Parches para apuntalar un sistema que condena a miles de personas a vivir en la precariedad aceptando sueldos de miseria. Eso supone la propuesta del Gobierno de reforma en extranjería, según Patricia Fernández Vicens, abogada de la fundación La Merced Migraciones.
El mal llamado derecho de extranjería en Europa funciona al revés que el resto de ramas del derecho. En lugar de reconocer derechos y libertades, su función es “negar derechos”. Patricia Fernández Vicens, abogada de la fundación La Merced Migraciones, lo califica de “fracaso de la democracia”.
La activista participó en un coloquio con motivo del Día Internacional del Migrante organizado por la asociación Elín, de Ceuta. Con ella estuvo Marra Junior, mediador cultural de Médicos del Mundo y cofundador de Movimiento Panafricano Bilbao, quien, desde su experiencia como senegalés, relató en primera persona cómo la ley de extranjería condiciona la vida entera de muchas personas.
A partir de un millón de francos CFA (unos 1.500 euros), según testimonios recogidos en los últimos años en diversos medios, aunque a veces la cifra puede ascender a cuatro o cinco millones, es posible conseguir un visado europeo. Sin ese dinero, en cambio, toca jugarse la vida en el desierto y en el mar.
“Es una política más de recaudación”. “A mí me da risa cuando hablamos de mafias”, apostilla con sorna Marra Junior.
Durante el tránsito, “a todas las personas captadas por Frontex se las ingresa en prisiones de Senegal”, añade. Y no solo. “También se acusa a sus padres de animarles a salir del país”. Se les castiga como cómplices.
Cuando por fin un consigue llegar a España, “lleno de entusiasmo y de ganas de trabajar, te dicen que no”. Pasa el tiempo, “te desesperas; a veces la situación te puede llegar a dejar KO. No sirves, te sientes inútil”.
La persona se enfrenta a una maquinaria burocrática inexpugnable. “¡Te piden cosas que no existen, trámites imposibles!”, brama Junior. Y mientras, hay que sobrevivir, “fabricar mentiras, generar mecanismos de autodefensa…”. Porque en cualquier descuido “la poli nos puede parar, encerrarnos en un CIE, deportarnos…”. Da igual el arraigo que la persona tenga en España.
“Una propuesta engañosa”
Suscribe punto por punto Patricia Fernández. “Recibo a muchas personas españolas en disposición de regularizar a una persona extranjera, con la mejor voluntad”. Pues bien, “esas personas que nunca se habían acercado al mundo de la migración aprenden muy rápida de la injusticia que hay detrás de la ley de extranjería”, diseñada literalmente para dejar a cientos de miles de personas en un estado de precariedad. Y para eso se las criminaliza, mientras se coloca a los menores migrantes en la diana del “discurso del odio”, en lugar de considerarlos menores sin más “e incluirlos en el ámbito de la protección de la infancia”.
Y todo esto, ¿por qué?, se pregunta. “En este mundo lo que no da dinero se acaba”. Y la irregularidad mueve millones de euros.
En el control de fronteras, con fuertes inversiones que lucran a grandes empresas. Y sobre todo, proporcionando mano de obra obligada a aceptar condiciones de miseria “para que el pepino español se pueda vender a un precio competitivo o para que yo pueda salir a trabajar mientras alguien cuida de mi madre por poco dinero”.
Todo ese entramado es el que hay que desmontar. Fernández Vicens contempla con profunda desconfianza la reforma anunciada por el Gobierno a principios de 2020, aunque la medida quedó aplazada por la crisis sanitaria. “Nos van a tratar de engañar”, dice. “¿Cómo nos vamos a posicionar? Esa sería la pregunta, ante una ley de extranjería que lo único que va a hacer es apuntalar un sistema que garantice el flujo de trabajadores para el mercado laboral”, que “no va a suponer el respeto a sus derechos”, aunque sí pueda abrir “un hueco por el que algunos compañeros se cuelen, eso sí”.
La solución, cree, debe abordar simultáneamente varias reformas. Partiendo del reconocimiento de que se trata de que “son personas que están ya entre nosotros, nuestros vecinos, que tienen un arraigo y enriquecen nuestra sociedad”, es necesario sacarlos de la situación de irregularidad administrativa.
En el flanco exterior, Patricia Fernández pide “garantizar el acceso al territorio europeo de forma segura”, mediante “una política de visados flexible”, y “la supresión de todos los acuerdos de externalización de [control de] fronteras con países que no respetan los derechos humanos”.
Todo ello, unido a un “proceso de reconciliación y justicia restaurativa, de recuperación de la memoria, no solo con las personas muertas [al tratar de llegar a España], con la exigencia de recuperar sus cuerpos y encontrar a sus familiares, de garantizar el entierro… Sino también de justicia restaurativa para todas las personas esclavizadas, especialmente en el sector del campo, en el sector de los cuidados, en el sector del trabajo sexual. La sociedad española y europea tiene una deuda con estas personas y es imprescindible que la abordemos”.