Los días 26 y 27 de febrero se celebró una Asamblea Mundial online para denunciar la desidia de los gobiernos de la cuenca Amazónica frente a la Covid-19. La pandemia ha acelerado la penetración de madereras y empresas mineras, y los actos de violencia contra comunidades indígenas y líderes locales. Entre los convocantes de esta Asamblea está la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT).
La pandemia, el extractivismo y la corrupción política conforman un cóctel fatal en la región amazónica, denuncia la Asamblea Mundial de la Amazonía, que celebró una asamblea mundial los días 26 y 27 de febrero, seguida online line desde múltiples puntos del planeta.
Entre las entidades que conforman esta plataforma se encuentran la La Red Eclesial PanAmazónicanica (REPAM) y la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). Desde Europa, figura entre los convocantes Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT), cuya vicepresidenta en Cataluña es la Vedruna Montse Fenosa, para quien “es de vital importancia llamar la atención internacional sobre la ignominia terrible que está ocurriendo allí”, con gobiernos y empresas actuando “con mayor impunidad que nunca, aprovechándose de la Covid”.
La región afronta su segunda ola de la pandemia convertida en uno de los principales focos mundiales en cuanto a incidencia (más de 2 millones de casos confirmados) y víctimas mortales (más de 50.000, la mayoría en la Amazonía brasileña). Cifras, pese a todo, muy cuestionadas, incluso por REPAM, que cree que los casos reales son muy superiores y que abiertamente apunta a “las deficiencias del sistema sanitario”.
Desde COICA se denuncia “racismo institucional” tanto en el déficit de atención sanitaria a las poblaciones indígenas, como en la discriminación en el acceso a las vacunas, como parte –apuntan– de una estrategia deliberada para facilitar “la invasión” de empresas mineras o madereras.
Esa está siendo la tónica habitual en varios países de la cuenca amazónica, afirma Montse Fenosa, tras hacer un repaso de agresiones a comunidades y líderes locales en Brasil, Colombia o Perú. “Son tantos los casos que es imposible dar abasto; por eso es muy importante la coordinación entre organizaciones”, apunta.
ACAT, concretamente, tiene en estos momentos su actividad focalizada en la Amazonía venezolana, en la comunidad de Kumaracapai, situada junto a la frontera con Brasil y Guyana. En colaboración con el Foro Penal Venezolano, la organización de defensa de derechos humanos ha trabajado en los últimos meses en la liberación de varias personas de esta comunidad pemón, detenidas tras la irrupción a sangre y fuego de las fuerzas armadas en febrero de 2019 (hubo tres muertos), como represalia a unas poblaciones que estaban facilitando la entrada de ayuda humanitaria en Venezuela y que habían elegido a alcaldes opositores.
Durante varios meses no hubo noticias acerca del paradero de los 13 detenidos, “ni siquiera una acusación formal”, prosigue Fenosa. Luego se supo que terminaron en la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) de Caracas. “Les mantuvieron en condiciones deplorables, con torturas y tratos vejatorios”, como finalmente reconocería un juez el pasado mes de noviembre.
Uno de ellos, Salvador Franco, falleció en enero por desnutrición severa y tuberculosis, sin haber recibido asistencia médica. A raíz del suceso, se decretó hace unas semanas la puesta en libertad de los otros 12, si bien pendientes todavía de juicio.
“Hay minas de oro, recursos naturales… Ya sabes”, explica Montse Fenosa. “Ese es el drama de la Gran Sabana, el mismo que en el resto de la Amazonía”.