Foto: Carmen Pérez (APDHA)
El próximo 6 de febrero se conmemora el 8º aniversario de la muerte de los 15 inmigrantes que murieron al cruzar el dique que separa a Marruecos de Ceuta, intentando entrar en España.
A menudo leemos en la prensa y escuchamos y vemos imágenes de inmigrantes que, en un intento desesperado por conseguir mejores condiciones de vida, saltan la valla que recorre varios Km y que también separa a Marruecos de Ceuta.
Estas dos posibilidades, la de pasar a nado a través del dique o saltar la valla convierte la frontera de Tarajal en un espacio dramático, lleno de dificultades, con múltiples efectivos de seguridad desplegados para evitar que las personas que quieran migrar no puedan hacerlo, si no es acosta de jugarse la vida. España y Europa gastan millones de euros en la securitizacion de las fronteras, principalmente a través de dos vías: el SIVE, Sistema de Vigilancia Exterior y FRONTEX, laAgencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas que financiada con los presupuestos de la UE y con las contribuciones de los países asociados dispone de poderes, instrumentos y recursos para actuar en el mar, en las fronteras terrestres y en los aeropuertos europeos, y con esta actuación, controlar los flujos migratorios.
Marruecos se ha convertido desde hace tiempo en país de tránsito de la inmigración subsahariana y se encuentra con fronteras infranqueables para pasar a Europa, ahora mucho más complicado por la pandemia del Covid 19.
Aquel 6 de febrero de 2014 un grupo de unas 200 personas intentaron pasar a nado el dique del Tarajal, en cuya playa ceutí un grupo de unos 56 agentes de la Guardia Civil descargó sobre ellos 145 balas de goma y cinco botes de humo para dispersarlos y detener su entrada, causando la muerte de 15 personas y otros 23 fueron devueltos a Marruecos vulnerando así el derecho internacional con una devolución “en caliente”.
Los agentes fueron denunciados por varias ONGS de haber cometido delito de homicidio y denegación de auxilio. Tras siete años de litigio, la situación actual no ha cambiado. El 27 de julio de 2020, la Audiencia Provincial de Cádiz ordenó el sobreseimiento señalando que los guardias civiles investigados no cometieron delito alguno. Estos actos violentos contra la vida de seres humanos, se consideran violencia institucional, que como tal debe ser condenada y sus responsables cargar con las consecuencias de tanta muertes y desapariciones.
El Eje Justicia, Paz e Integridad de la Creación considera que lo acontecido el 6 de febrero en el Tarajal, y su memoria anual cada 6 de febrero, es un momento crucial para manifestar públicamente como provincia Vedruna de Europa, que lo que sucede a quienes cruzan las fronteras tiene algo que ver con nuestra vocación, con nuestra misión y con nuestra forma de estar en el mundo de forma profética.
Haciendo un recorrido por nuestros últimos documentos leemos la llamada a fomentar la inclusión, la defensa de los Derechos Humanos, a la solidaridad y a la opción preferencial por las personas empobrecidas (FVCPA pág 39); en salida para encontrarnos con los rostros del dolor y sus reclamos como es la noche de nuestro mundo que se manifiesta en la insolidaridad ante quienes cruzan las fronteras; ejercer nuestra caridad política (ADV pág 18) uniéndonos con otras asociaciones y redes en la denuncia pública y en la incidencia política y en concreto a la Asociación Elín, desde donde nuestras hermanas de Ceuta lideran y convocan esta Marcha de la Dignidad, como también nos lo recuerda la carta el último CGA, OMM en el número 11 “La Ruah nos dice al corazón : es la hora de hacer pública nuestra voz en la defensa de la vida y vivir solidariamente las consecuencias de pronunciarnos”. De aquí que hagamos efectivo nuestra adhesión como PVE al Manifiesto y al la Marcha de la Dignidad 2022.
C Bueno, Enlace JPIC en Minizonas Bahía-Sevilla